La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos

con sede en Quito, Ecuador, presentó recientemente al

Comité de Oslo la candidatura de Baltasar Garzón al

Premio Nobel de la Paz 2002.

Lo hizo tras considerar que desde el ámbito de la

Justicia española ha sentado un precedente histórico

en la lucha contra la impunidad, la defensa de los

derechos humanos y en favor del establecimiento de la

Corte Penal Internacional. Y debido a que,

fundamentalmente, el procesamiento y detención de los

responsables de crímenes de lesa humanidad en América

Latina marca un hito, tanto en la consolidación de la

justicia, así como también en lo que se refiere al

derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre su

pasado histórico.

La presentación afirma, además, que de tal modo ha

dejado en claro ante el mundo que las dictaduras

latinoamericanas han cometido crímenes contra la

humanidad imprescriptibles y sobre los cuales rige la

jurisdicción universal. En suma, que otorgar este

premio a Baltasar Garzón será sin duda un estímulo

para todos los defensores de los derechos humanos que

en diferentes lugares del mundo, día a día, trabajan

por la paz, edificada desde la justicia y la verdad.

Baltasar Garzón nació hace 46 años en la localidad

jienense de Torres. Su padre, gasolinero, quiso que su

hijo cursara estudios superiores a fin de mejorar sus

horizontes personales. Una vez que finalizó el

bachillerato pasó por diversos seminarios durante seis

años y estuvo a punto estuvo de ordenarse sacerdote,

pero a última hora prefirió matricularse en la

Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

En la actualidad lleva más de veinte años en el

ejercicio de la magistratura y más de doce tratando

temas de terrorismo, tráfico de drogas, crimen

organizado y violaciones a los derechos humanos. Desde

su función judicial ha impulsado de un modo

determinante la puesta en práctica del derecho

internacional de los derechos humanos y promovido

especialmente la lucha contra distintas formas de

corrupción: narcotráfico, blanqueo de capitales,

tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Pero si además debía demostrar su claridad

intelectual, los acontecimientos del presente le han

permitido hacerlo con brillo y valentía. Refiriéndose

a la actual iniciativa antiterrorista ha subrayado que

asistimos a la consolidación pública de los "espacios

sin derecho", y a la consiguiente marginación de los

tribunales de Justicia en cuestiones de terrorismo y

crímenes de guerra. Y que en este ambiente de

deliberada confusión entre la guerra y la paz, la

"guerra sucia" emprendida contra el terrorismo hace

cada vez más imperceptible la diferencia ética y moral

entre los bandos.

Así, ha saludablemente recordado algunas de las muy

elementales bases de la convivencia ordenada conforme

al derecho. Esto es, que los guerrilleros,

paramilitares o soldados y sus superiores -incluidos

los políticos- que, en un conflicto armado

internacional o interno, matan o torturan al enemigo

herido o prisionero, o a civiles, o destruyen o se

apropian de sus bienes sin justificación militar, o no

les proporcionan un juicio justo, o no respetan, en

general, las normas básicas del Derecho Internacional

Humanitario, no son terroristas sino criminales de

guerra, y como tales deben ser juzgados y condenados.

Y que quienes, sin embargo, con independencia de su

denominación, matan, torturan, secuestran o realizan

hechos similares para sembrar el terror en un sector

de la población en tiempo de paz -cuando no existe un

conflicto armado internacional o interno- actuando,

generalmente, al servicio de una organización o de sus

fines políticos, son simplemente terroristas, y como

tales deben ser objeto de persecución y castigo

judicial.

No obstante, a veces, tanto una clase de criminales

como la otra sobrepasan el límite perverso de sus

respectivos crímenes, imprimiéndoles una dimensión

masiva, sistemática. Se convierten, entonces, en

responsables de crímenes contra la humanidad y no de

guerra o terroristas, debiendo igualmente ser juzgados

y condenados.

Este discurso, afirma el candidato al Premio Nobel de

la Paz, no admite trampas interesadas: la

reivindicación de límites éticos y morales al poder de

la voluntad y, por lo tanto, de la supremacía del

derecho, no puede ser parcial, de forma que sólo

afecte a unos, pero no a otros. Y ha señalado con

coraje que lamentablemente los vientos no soplan en

esta dirección. No ya en los propios Estados Unidos,

en donde la coartada del "eje del mal" parece

justificarlo todo, sino también en el ámbito de su

civilizada Europa.

La candidatura de Baltasar Garzón, por último, anima y

estimula a todos los miembros de la corporación

judicial, pues desde su seno el magistrado a cargo del

Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid se

ha proyectado al mundo con un mensaje de trabajo

sostenido y con una clara vocación jurídica y

humanitaria.