No hay duda que en América latina el gran debate económico de finales
del siglo XX y principio del XXI gira en torno del deslinde entre las esferas
pública y privada. No es una postura aislada, por el contrario, es común a todo
el sur del continente. A título de ejemplo se pueden mencionar las recientes y
sordas luchas sindicales en Costa Rica y Colombia para impedir la
flexibilización del monopolio estatal de teléfonos y electricidad. Cosas
parecidas han ido sucediendo desde hace años en Guatemala, en El Salvador, en
Uruguay o en la Argentina y, en rigor de verdad, en toda América latina.
Invariablemente, la idea subyacente establecía que los intereses de la sociedad
siempre iban a estar mejor tutelados por el Estado que por los codiciosos
capitalistas, contradictoria conclusión en sociedades que simultáneamente
sostienen que el Estado es un pésimo, corrupto y dispendioso administrador.
No hay en el universo latinoamericano demasiado aprecio por los
empresarios triunfadores o los capitanes de la industria. Los millones que son
indigentes y que se alimentan mal están convencidos de ser las víctimas de
estos inescrupulosos millonarios. La
cosa no es tan así. Lo que generalmente funciona mal en América latina no son
el mercado y la competencia, sino la ausencia de los mismos. Lo censurable es
la colusión constante entre empresarios y gobiernos para la venta de
influencias y la adjudicación tramposa de contratos públicos. Los empresarios
latinoamericanos –con honorables excepciones, naturalmente- han descubierto
desde hace siglos que el poder económico les da poder político y capacidad de
intriga para continuar enriqueciéndose; mientras que los gobernantes –también
con plausibles excepciones- saben que el poder político les da acceso al poder
económico, lo que a su vez multiplica sus oportunidades de incrementar el poder
político. Son dos corrupciones endémicas complementarias que se retroalimentan.
Nunca han ganado más popularidad los
gobiernos latinoamericanos que aquellos que han implementado políticas de
nacionalización de los bienes privados. Por otra parte, las percepciones
generales tampoco refuerzan la idea de la libertad económica. Si se le pregunta
a un grupo de latinoamericanos si los precios deben depender del libre juego de
la oferta y de la demanda, o si deben ser fijados por economistas justos,
graduados en buenas universidades, la respuesta más frecuente apuntará a la
segunda opción. Si la pregunta se refiere a los salarios de los trabajadores o
al costo de los alquileres de las viviendas, la reacción será similar. La
población, en general, espera que la “justicia” económica sea hecha desde
afuera, por personas cargadas de buenas intenciones éticas y con poder
suficiente para imponer su criterio, pero nunca como resultado del mercado o de
acuerdos libremente pactados. La verdad es que la libertad económica no tiene
muchos adeptos en la región, sus premisas resultan contrarias a la intuición
popular.
Pero si algo resulta obvio es que en América
latina las empresas nacionales, tanto públicas como privadas, producen poco,
generalmente con muy baja calidad y escaso valor agregado y, en el caso de las
públicas, con un desprecio total por los costes. En la mayoría de los casos los
modos de distribución no suelen ser eficientes, la gerencia no dispone de
instrumentos administrativos modernos, los sistemas bancarios no son fiables,
la legislación que los regula es muy pobre y los controles inexistentes. Todo
esto incide en el alto número de desocupados, en salarios bajos y penosas
condiciones de trabajo. Asimismo, hay una falta crónica de capital, mientras
una buena parte que podría estar disponible se “fuga” hacia otros países en los
que existen reglas claras, mayores garantías legales y estabilidad monetaria.
Para
tratar de entender este divorcio tan agudo de la sociedad latinoamericana con
el modelo económico de Occidente hay que ensayar una mirada histórica. Hay
ideas centenarias, a veces milenarias, que quedan enquistadas en la memoria
intelectual de los pueblos y acaban conformando creencias que estimulan
actitudes y provocan comportamientos colectivos difíciles de revertir. Las
ideas, aún las más antiguas, tienen consecuencias.