Morir en Centroamérica
Por Martín Lozada
Lejos han quedado los tiempos en que se abatían los miedos y las sospechas de la Guerra Fría en la región, y los grupos paramilitares financiados desde Washington perseguían derrocar a los regímenes izquierdistas de El Salvador y Nicaragua. Por entonces, al menos, Centroamérica era un espacio de disputa geoestratégica dentro del cual confrontaban proyectos políticos y sociales, al ritmo de la lógica y las razones que gobernaban el escenario bipolar.
Ahora, sin embargo, la nutrida presencia militar norteamericana se aglutina en feudos que ningún contacto tienen con el mar de miseria circundante. Y como consecuencia de la desidia e incapacidad de sus clases dirigentes, y ante la indiferencia de la comunidad internacional, han llegado las catástrofes y comenzado las muertes.
Aún no recuperada de una sucesión de desastres naturales que comenzaron con la sequía provocada por "El Niño" en 1997 y las inundaciones causadas por el huracán "Mitch" un año después, otra fatalidad golpea a Centroamérica. Se trata de una sequía que afecta principalmente a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
En contraposición, las inundaciones y riadas arrasaron los arrozales de 9.000 indios miskitos de la costa atlántica de Nicaragua. Y el panorama socioeconómico no puede ser, lógicamente, más sombrío: miles de cortadores de café han sido despedidos por empresarios desahuciados como consecuencia de la sobreproducción alcanzada por Vietnam y el Brasil.
En esta región habitada por 34 millones de personas, más de medio millón de campesinos han perdido este año entre el 50% y el 100% de sus cultivos de maíz, frijol y sorgo, todos ellos constitutivos de su dieta básica. Ahora, en consecuencia, ha llegado la hora del hambre. Tanto es así que el presidente de Guatemala, luego de reportar 41 muertes por la sequía, declaró el "estado de calamidad pública" en el país, cosa que tiempo antes había realizado el gobierno de El Salvador.
"¿Estoy en Somalia, Etiopía o Angola?", se preguntó hace semanas Manuel Aumente, responsable en Nicaragua y Guatemala de Acción contra el Hambre, ONG especializada en nutrición, salud, suministro de agua y seguridad alimentaria. Recién llegado al terreno, verificó que la hambruna, si bien no presenta una dimensión africana, exhibe sí sus síntomas: la muerte de un gran número de niños por desnutrición, la avitaminosis masiva, y las diarreas y enfermedades respiratorias en avance.
El drama centroamericano remite a un problema que en realidad se encuentra instalado a escala global. Si bien la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996 se propuso reducir a la mitad los 800 millones de hambrientos para el 2015, lo cierto es que según informó recientemente la FAO (Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación), ese descenso no podrá alcanzarse antes del 2060.
Mediante el trabajo titulado "Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2001", señala que de los 815 millones de hambrientos, 777 millones -180 de ellos menores de 10 años- viven en países en desarrollo; 27 en países en transición a la economía de mercado, y 11 en el mundo industrializado. Y si bien el número de desnutridos descendió en los años noventa en 32 de los 99 países afectados por el hambre, en el resto no hubo mejoras significativas e inclusive en algunos el cuadro se agravó.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es el organismo de ayuda alimentaria del sistema de las Naciones Unidas. Su objetivo consiste en erradicar el hambre y la pobreza, y en proporcionar ayuda alimentaria para salvar vidas humanas durante situaciones de urgencia. Mejorar la nutrición de las personas más vulnerables en los momentos críticos de su vida, y promover la autosuficiencia de las comunidades pobres, en particular mediante programas de obras de alto coeficiente de trabajo, se encuentran también dentro de sus específicas prioridades.
Aunque desplegado en la región, el programa no logra revertir una situación también vinculada con otro crónico mal: la corrupción gubernamental. El inescrupuloso manejo de las políticas públicas ha sido destacado por Transparencia Internacional como una de las causas generadoras de pobreza y hambre en la sociedad mundial. Disminuir esas prácticas y tornar efectivos los derechos económicos y sociales de la población, pueden ser pasos tendientes a evitar más muertes prematuras en Centroamérica.