REPENSAR EL PROBLEMA DE LAS DROGAS
Finalizadas las dictaduras militares en nuestro ámbito regional y a poco de quedar atrás la Guerra Fría en la escena global, el padre del actual presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró en forma entusiasta la guerra contra las drogas. Corría el mes de septiembre de 1989 y comenzaba entonces una cruzada contra un amplio sector de agentes vinculados al tráfico y comercialización de estupefacientes en cada una de las ciudades de los Estados Unidos.
Si bien se libró inicialmente en territorio norteamericano, a nadie escapaba que ciertos aspectos del fenómeno iban más allá de sus propias fronteras. Pero fue poco más tarde cuando la guerra se extendió por el territorio centro y sudaméricano. El nuevo enemigo pasó a jugar un papel esencial dentro de un imaginario urgido por contar con razones capaces de suscitar adhesiones, cohesionar el cuerpo social y viabilizar gastos militares.
Esa estratégia de corte inicialmente policial y, luego militar, ha sido en franco desmedro de otras posibles, de carácter sanitario, educativo y dirigidas a la promoción del desarrollo de las comunidades que por razones económicas, pero también culturales, han venido haciendo del cultivo de las materias primas su principal medio de supervivencia. Y a partir del inicio del Plan Colombia esa opción resulta aún más manifiesta, involucrando a gran cantidad de personal militar especializado y a un sorprendente aparato de apoyo logístico.
En la actualidad, sin embargo, han comenzado a escucharse nuevas voces en contra de esta guerra y sus sucesivas batallas. Sobre todo teniendo en cuenta las exorbitantes inversiones efectuadas por las sucesivas administraciones de los Estados Unidos, las que contrastan con un estudio de la Rand Corporation que indica que el prohibicionismo tiene un costo social 15 veces mayor que los tratamientos destinados a reducir el consumo de drogas.
Las cifras en ese sentido resultan por demás elocuentes: durante la presidencia de Nixon se gastaron 65 millones de dólares en la guerra contra las drogas, 1.650 millones durante las de Reagan, y cerca de 18.000 millones tras los dos períodos de Bill Clinton.
Por su parte, las Naciones Unidas ha señalado que los ingresos de la industria ilícita de la droga rondan los 500.000 millones de dólares anuales, monto que supera el producto del comercio del petróleo. A su alrededor se ha creado todo una red de intereses para mantener la prohibición y asegurar sus lucros privilegiados exentos de todo control estatal. Esa red, según se sabe, involucra no sólo a los productores y traficantes, sino también a expertos y a las fuerzas que persiguen la narcoproducción y el narcotráfico.
En la Argentina ha sido el propio Secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, quien semanas atrás se manifestó a favor de la legalización del consumo de marihuana
. El funcionario explicó que las prohibiciones del consumo, tenencia o almacenamiento de estupefacientes "tienen que tener como objetivo resguardar la salud pública, porque todo delito tiene un bien jurídicamente protegido, pero en este caso la marihuana tendría que ser considerada como el café o el alcohol, que son perniciosos, pero no representan un riesgo para la salud pública".En Uruguay fue el presidente Jorge Battle quien en un infrecuente acto de arrojo propuso despenalizar el consumo de marihuana, suscitándo, tal como las afirmaciones de Ciafardini, una gran polémica y fuertes críticas.
Igual actitud vienen asumiendo desde hace años algunos gurúes de la economía y el pensamiento liberal norteamericano. Entre ellos, el semanario The Economist y el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, lider de la Escuela de Chicago y crítico acérrimo de la guerra contra las drogas. Atacan la prohibición de las drogas blandas y apuntan contra el Plan Colombia afirmando que sirve al absurdo de financiar dos objetivos de naturaleza diversa enmarcados, para colmo, en una guerra civil: al gobierno colombiano en su lucha contra la narcoproducción y, simultáneamente, para que haga lo propio con las guerrillas.
Lo cierto es que la demanda de drogas en los Estados Unidos se encuentra en la actualidad estabilizada y que su producción de marihuana -junto con la de Canadá- satisface a más de la mitad del consumo local. El ex congresista Asa Hutchinson, quien recientemente asumió como jefe de la DEA así lo hizo saber, indicándo que en los últimos años también ha disminuido significativamente el consumo de cocaína en ese país.
En este contexto es previsible que la guerra contra las drogas sufra una nueva crisis de legitimación. Sus efectos en la región latinoamericana tal vez logre estimular el debate sobre el acentuado protagonismo de la ley penal en un tema que reviste, además, múltiples connotaciones médicas, económicas y en materia de seguridad pública. Pese a ello, dicho tópico ha venido siendo evitado por la clase política, quien teme "ensuciarse la ropa" en su tratamiento tan incómodo y conflictivo
Quizá valgan ahora las enseñanzas arrojadas por la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Durante sus catorce años de vigencia se activó un vasto mercado ilegal, aumentaron los problemas del consumo y se crearon nuevas identidades delictivas. Su derogación en 1933 no constituyó un remedio inmediato para la gran desintegración de ideales sociales, morales e intelectuales creados por la expansión de la ilegalidad que acompañó a la prohibición. Se trata de una lección que debieramos tener presente a la hora de repensar el problema de las drogas.
Dr. Martín Lozada
Profesor de Derecho Internacional - Universidad Fasta - Bariloche